En palabras de Inés Sabanés, coportavoz de Verdes Equo y diputada en el Congreso, “la protección del clima y la protección de la biodiversidad y del territorio solo pueden ir de la mano". De hecho, añade, "gracias a las enmiendas de Verdes Equo y Más País, la recién aprobada Ley de Cambio Climático incluye mención expresa en su artículo 24 a la necesidad de mejorar la situación de los espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 así como los ecosistemas y especies más vulnerables, junto a a la necesidad de crear una zonificación de zonas especialmente vulnerables”.
Para Verdes Equo es prioritario que el Ministerio sea muy riguroso a la hora de conceder autorizaciones para la instalación de las nuevas plantas, evitando la fragmentación de los proyectos y en coordinación con las Comunidades Autónomas. El partido considera que estas autorizaciones deben atender especialmente a las condiciones de autorización contempladas en el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio y al mapa de “Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica” elaborado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Miteco a instancias de las negociaciones mantenidas con el gobierno durante la tramitación de la Ley de Cambio Climático.
Según Florent Marcellesi, coportavoz de la formación verde, “para que las renovables protejan no solo el clima sino también la biodiversidad, y además sean un vector de desarrollo territorial justo y sostenible, y de empleos verdes, necesitamos tres ingredientes básicos: participación social, un nuevo modelo energético más eficiente y que consuma menos, y una correcta planificación estratégica y territorial para las renovables. Es fundamental que el nuevo modelo energético sea socialmente aceptado, ambientalmente sostenible y territorialmente provechoso para todas y todos.”
Estas son las principales propuestas de Verdes Equo para lograrlo:
• Participación social y territorial
- Priorizar la participación de la población local, tanto en la producción como en la demanda, en la decisión y ejecución de los proyectos a desarrollar.
- Establecer un diálogo multinivel entre los promotores, las administraciones concernidas y los agentes sociales y económicos (p.e. agricultores, ganaderos, empresas de agroturismo o industrias diversas) de las zonas donde se proyectan las instalaciones para abordar de manera consensuada la ubicación y la dimensión de las plantas, así como considerar compensaciones para el territorio y la creación de empleo local.
• Un nuevo modelo energético más eficiente y que consuma menos
- Priorizar en la política energética española y de todas las comunidades autónomas la reducción del consumo energético global y el aumento de la eficiencia energética, a través de la movilidad sostenible, de la renovación de los edificios, de la agroecología, de la reducción de la jornada laboral, etc.
- Priorizar con los Fondos “Next Generation” los planes de autoconsumo en industrias e instalaciones domésticas o edificios públicos así como las comunidades energéticas locales de manera que haya una apuesta por la producción lo más cercana al consumo y una mayor implicación social en la transición energética.
• Una correcta planificación estratégica y territorial para las renovables
- Establecer la obligación de que en cada comunidad autónoma se haga una evaluación ambiental estratégica de la utilización de los suelos que resulten de utilidad para proyectos de energías renovables. Es necesario evaluar el efecto sinérgico de los proyectos y evitar realizar las evaluaciones individuales y fraccionados en zonas donde se han presentado múltiples proyectos.
- Implementar zonas de exclusión, en especial para:
a) Todos los espacios protegidos de especial interés para la preservación de la biodiversidad, empezando por la Red Natura 2000.
b) Espacios agroforestales y rurales de interés para la biodiversidad y para la producción agroalimentaria o por sus recursos naturales.
d) Zonas que afecten gravemente al paisaje en zonas turísticas o al resto de actividades del mundo rural, de acuerdo con los diferentes territorios en cuestión.
• Tener vigilancia extrema del cumplimiento de las normas ambientales, de desarrollo rural, etc., para que el impacto de las instalaciones sea asumible y acorde con la legislación vigente. En su caso, paralización cautelar de aquellos parques eólicos o fotovoltaicos en los que existan dudas sobre algún incumplimiento normativo medioambiental, de políticas agrarias, etc., o que puedan tener afección a la Red Natura 2000, espacios catalogados de sensibilidad ambiental alta o muy alta o en terrenos de alto valor agroecológico, mientras se desarrolla la normativa adicional prevista en el PNIEC.
El partido verde organizó recientemente el webinar “renovables, biodiversidad y territorio: hacia un futuro común” con representantes de la sociedad civil, de ONG ecologista y del sector renovable, que se puede ver aquí.
